1.1. La presente Política forma parte del contrato con Baxet Group Inc. («Contratista») y se aplica a los servicios solicitados a través de JustHost Asia. Cliente — una parte del contrato correspondiente. Consumidor es una persona física que adquiere o utiliza los servicios con fines ajenos a una actividad empresarial. La condición jurídica se determina por las circunstancias reales, y no únicamente por el tipo de cuenta o el método de pago.
1.2. A las relaciones con los consumidores se aplican los requisitos imperativos de la legislación de protección de los consumidores. Las condiciones especiales para empresarios solo se aplican cuando la ejecución del contrato esté vinculada a la actividad empresarial de ambas partes. A los demás Clientes se les aplican las reglas generales de la ley aplicable, sin que las excepciones previstas para empresarios se les extiendan automáticamente.
1.3. La presente Política no establece un período de prueba gratuito, un reembolso íntegro incondicional ni una garantía adicional de devolución. Una promoción determinada podrá prever beneficios adicionales en las condiciones comunicadas antes de realizar el pedido. Los derechos legales del Cliente se mantienen con independencia de su participación en una promoción.
2.1. El Consumidor tiene derecho a desistir en cualquier momento de la continuación del contrato de prestación de servicios. No es necesario explicar los motivos personales del desistimiento. La liquidación se realiza conforme a la Sección 3; el desistimiento motivado por un incumplimiento del Contratista se rige por la Sección 4.
2.2. Para dar por terminado un servicio concreto, el Cliente envía una notificación inequívoca a través del área de cliente (el Formulario de solicitud de reembolso) o a info@justhost.asia, indicando los datos suficientes para identificar al Cliente y el servicio. Se admiten otros medios de notificación previstos por la ley. La imposibilidad de acceder a la cuenta o de utilizar un formulario especial no impide presentar la solicitud.
2.3. Salvo que la ley o un acuerdo admisible dispongan otra cosa, el desistimiento surte efecto desde la entrega de la notificación al Contratista o en la fecha posterior que indique el Cliente. La revisión de la solicitud y una controversia sobre el cálculo no posponen por sí mismas la terminación. El Cliente guarda con antelación los datos que necesite; la exigencia de realizar copias de seguridad no es una condición de validez del desistimiento.
2.4. La desactivación de la renovación automática detiene las renovaciones futuras y no implica por sí sola el desistimiento del período ya pagado. El servicio permanece vigente hasta el final de dicho período, salvo que el Cliente manifieste por separado su terminación anticipada. La renovación se desactiva a través del área de cliente o mediante mensaje a info@justhost.asia.
2.5. El Consumidor puede revocar por medios electrónicos el consentimiento para seguir utilizando los datos de pago previamente facilitados para los cargos recurrentes. Una vez recibida dicha revocación, el Contratista no utiliza esos datos para nuevos pagos recurrentes. La revocación del consentimiento a los cargos no extingue las obligaciones dinerarias ya nacidas conforme a la ley.
3.1. En caso de desistimiento ordinario de un servicio debidamente prestado, se reembolsa la parte no utilizada de las cantidades efectivamente pagadas. En el cálculo se tienen en cuenta el coste de los servicios debidamente prestados, los gastos efectivamente incurridos directamente relacionados con la ejecución del contrato concreto y los reembolsos ya efectuados sobre el mismo pago. Un mismo importe no se computa dos veces. El propio desistimiento no conlleva penalización alguna para el Consumidor.
3.2. Para un servicio de ejecución continuada facturado periódicamente, el coste de los servicios prestados se calcula en proporción al tiempo de ejecución debida transcurrido hasta la terminación, sobre la base del precio pactado del período pagado, descontado cualquier descuento aplicado. El volumen consumido conforme a una tarifa pactada por volumen se calcula utilizando las unidades y tarifas acordadas. El redondeo no incrementa el tiempo ni el volumen facturables. El período transcurrido no se recalcula a una tarifa superior por el mero hecho de que el Consumidor haya desistido.
3.3. La ausencia de solicitudes, de carga del servidor o de tráfico no significa que el servicio no se haya prestado cuando su objeto sea la disponibilidad efectivamente garantizada o la reserva de recursos. El Contratista acredita la correspondiente prestación. La entrega de una contraseña no acredita por sí sola la ejecución del servicio durante la totalidad del período futuro pagado.
3.4. Los gastos adicionales se toman en cuenta únicamente por el importe acreditado, cuando guarden relación con el contrato y cuenten con una base legal. Los gastos ya cubiertos por el coste de los servicios prestados, los reembolsados al Contratista por un tercero o los no incurridos en el momento de la terminación no se deducen de nuevo. El beneficio esperado, un porcentaje nominal, una reserva general de riesgos y el coste de la tramitación ordinaria de una solicitud no constituyen, por sí mismos, deducciones. Asumir la obligación de pagar un servicio futuro no equivale automáticamente a un gasto efectivamente incurrido.
3.5. Si la terminación de un pedido concreto ha acarreado objetivamente gastos necesarios e inevitables, su vinculación con el pedido y la admisibilidad de su deducción se confirman por separado. El Contratista adopta medidas razonables para cancelar los gastos y obtener un reembolso de los terceros contratados. Cualquier importe que se le reembolse posteriormente y que se hubiera deducido con anterioridad se abona al Cliente en el plazo de 10 días naturales desde su recepción, salvo que la ley aplicable fije un plazo menor.
3.6. Las bonificaciones gratuitas no se canjean por dinero. Un descuento utilizado se refleja en el precio de los servicios prestados y no se cobra de nuevo a modo de penalización. Un anticipo dinerario no utilizado en el saldo de la cuenta no se considera un servicio prestado por el mero hecho de haber sido abonado.
3.7. El registro o la renovación de un dominio debidamente completados se abonan al precio pactado del correspondiente servicio puntual una vez que la operación es confirmada por el registro o el registrador. Antes de su realización, la liquidación sigue las reglas de la ejecución efectiva y de los gastos admisibles. Esta regla no excluye las reclamaciones por incumplimiento, cumplimiento defectuoso o cargo erróneo.
3.8. La configuración inicial de un servidor dedicado puede constituir un servicio puntual independiente. Su contenido, precio e inclusión en el precio total del pedido se comunican antes del pago. La configuración efectivamente realizada se contabiliza al precio pactado; la parte no realizada sigue las reglas aplicables en materia de gastos. La tarifa de configuración inicial no se cobra de nuevo en una renovación ordinaria. La deducción por la configuración solo se admite respecto del alcance de trabajo separadamente pactado y efectivamente realizado, o por el importe de otros gastos legalmente admisibles y documentados.
3.9. En la prestación de direcciones IP y recursos de red se contabilizan por separado las operaciones puntuales efectivamente realizadas y la provisión continuada del recurso. El pago de un período futuro no se considera íntegramente devengado por el mero hecho de haberse asignado una dirección o una red. Si una operación concreta tiene la naturaleza jurídica de un arrendamiento, una cesión de derechos o un contrato mixto, la liquidación se rige también por las normas imperativas aplicables a dicha operación.
3.10. Las comisiones bancarias y de pago no se retienen como un porcentaje estándar. La posibilidad de tener en cuenta una comisión efectivamente incurrida y no reembolsable se evalúa conforme a la ley aplicable, al motivo del reembolso y a los documentos relativos al pago concreto. Los gastos causados por un incumplimiento propio del Contratista no se trasladan al Consumidor en contra de la ley aplicable.
4.1. Una solicitud relacionada con defectos, plazos incumplidos, un cargo efectuado sin consentimiento u otro incumplimiento del Contratista se tramita con arreglo al fundamento legal aplicable. Las reglas sobre el desistimiento ordinario no se utilizan para reducir las reclamaciones previstas por la ley aplicable. El Cliente expone los hechos que conozca; un error en la denominación de la disposición o de la reclamación no es motivo para negarse a examinarla.
4.2. Las restricciones promocionales, el estado de la cuenta, la terminación del servicio y la existencia de otras controversias no prevalecen sobre las reclamaciones legales por servicios ya prestados. El Cliente conserva los medios de defensa previstos por la ley aplicable. La compensación adicional prevista en el SLA no sustituye la responsabilidad imperativa del Contratista.
5.1. El reembolso en caso de desistimiento ordinario se efectúa en el plazo de 10 días naturales desde la recepción de la solicitud de reembolso. Cuando la ley aplicable fije un plazo menor para una reclamación concreta, se aplica ese plazo. Las demás reclamaciones se satisfacen en los plazos que les resulten aplicables por ley.
5.2. El Contratista remite su decisión y el cálculo correspondiente: el importe pagado, el período o volumen pagado, la fecha de terminación, el coste de los servicios prestados, cada deducción con su fundamento, los importes previamente reembolsados y el saldo pendiente de devolución. El cálculo va acompañado de justificación suficiente; la información sobre terceros y los datos legalmente protegidos pueden omitirse sin ocultar el fondo del cálculo. Una controversia sobre parte del importe no impide el reembolso puntual del saldo no controvertido.
6.1. El Contratista verifica que la reclamación corresponde al Cliente o a su representante, el hecho del pago y las facultades del destinatario. Utiliza la información de la cuenta, el identificador del pedido o de la transacción, la correspondencia y los datos del proveedor de pagos. Solo se solicita la información necesaria para estos fines o expresamente exigida por la ley aplicable, explicando para qué se necesita. Las contraseñas de las aplicaciones bancarias, el CVV/CVC y los códigos de un solo uso nunca se facilitan al Contratista.
6.2. Una solicitud de información adicional no anula la reclamación original y no suspende por sí sola el plazo legal. Cuando la ejecución sea objetivamente imposible sin determinados datos que faltan, el Contratista explica sin demora el motivo, indica una vía disponible para superar el obstáculo y cumple la parte de la obligación que sea posible. Las consecuencias de no facilitar los datos necesarios se determinan por la ley aplicable, atendiendo a la culpa efectiva y a la relación de causalidad.
6.3. Como regla general, el dinero se reembolsa por el canal de pago original conforme a las reglas de ese proveedor. Cuando ello no sea posible, se utiliza otro método lícito tras verificar el derecho a los fondos. Los datos del destinatario no se modifican basándose únicamente en un mensaje no verificado. Cuando el Cliente y el pagador sean distintos, el derecho a recibir el reembolso se determina atendiendo al fundamento del pago y a la ley aplicable; el acceso a la cuenta por sí solo puede no bastar para modificar el destinatario.
6.4. El Contratista realiza oportunamente las gestiones necesarias para el reembolso. La referencia a la tramitación por parte del banco no da derecho a retrasar el inicio del pago ni a excluir la responsabilidad establecida por la ley aplicable. A solicitud, se facilita un identificador de la operación de reembolso u otra confirmación.
7.1. Un mismo pago subyacente no se reembolsa dos veces en la medida en que ya haya sido efectivamente resarcido. Los importes definitivamente reembolsados a través de un banco o un sistema de pago se tienen en cuenta en las liquidaciones. Un abono provisional del banco, o una controversia aún no concluida, no se consideran por sí solos un reembolso definitivo. Las penalizaciones contractuales, los daños y perjuicios y otras reclamaciones legales independientes no se consideran un reembolso reiterado del pago subyacente.
7.2. El Cliente informa de cualquier impugnación paralela del mismo pago que conozca, así como de cualquier compensación recibida. El Contratista verifica el estado con el proveedor y coordina el reembolso. Dirigirse al banco es una vía de reparación admisible y no constituye por sí sola prueba de fraude. No se aplica ninguna condición que exija la retirada obligatoria de la impugnación bancaria; el plazo de reembolso no se pospone automáticamente hasta que dicha impugnación concluya.
7.3. Cuando se acredite que no se realizó pago alguno, que el solicitante carecía de facultades, que ya se produjo un reembolso definitivo de la misma suma, o que los documentos justificativos fueron falsificados, el Contratista podrá denegar la parte de la reclamación que resulte probadamente infundada, indicando los motivos. Un error en la solicitud o una mera sospecha no extinguen por sí solos una reclamación dineraria legítima.
7.4. Si se detecta un cobro doble ilícito de dinero, el Contratista puede reclamar el exceso junto con cualquier compensación prevista por la ley aplicable. Las pruebas de abuso podrán compartirse con el proveedor de pagos o con una autoridad competente cuando exista una base lícita y se respeten los requisitos en materia de datos personales.
8.1. Los motivos y el procedimiento para restringir un servicio se determinan por la ley aplicable y por el Contrato. La aplicación de medidas de protección proporcionadas a un recurso no convierte por sí sola la totalidad del prepago en no reembolsable. Una queja o una notificación de un posible incumplimiento se evalúa junto con las pruebas.
8.2. Cuando la terminación se produzca a raíz de un incumplimiento del Cliente, el Contratista determina el coste de los servicios prestados, los gastos admisibles y las eventuales reclamaciones independientes frente al Cliente. El pago íntegro solo se reclama cuando se acredite que la ejecución se hizo imposible por culpa del Cliente y no se aplique ninguna otra regla aplicable; una restricción por sí sola, o la referencia a las condiciones de uso, no basta para ello.
8.3. Las pérdidas derivadas del incumplimiento del Cliente se indemnizan cuando se cumplan los requisitos legales de la responsabilidad y el importe esté confirmado. Se permite la compensación de contrarreclamaciones en la forma prevista por la ley aplicable, remitiendo un extracto y un cálculo. Las pérdidas futuras indeterminadas y las penalizaciones presuntas no son motivo para retener la totalidad del anticipo. Una tarifa por el desistimiento lícito de un Consumidor no se encubre como indemnización por daños.
8.4. Un período de restricción no se considera un servicio prestado por el mero hecho de que la cuenta existiera. La posibilidad de facturar dicho período se evalúa teniendo en cuenta el motivo de la restricción, la culpa, los recursos efectivamente proporcionados o razonablemente mantenidos reservados, y la ley aplicable. Cuando no exista fundamento legal para un cargo, este se excluye del cálculo.
9.1. Cuando el contrato se ejecute para los fines empresariales de ambas partes, las consecuencias de un desistimiento no motivado pueden acordarse por separado en el pedido o en un acuerdo adicional: una tarifa específica por desistimiento anticipado, un método de cómputo de los recursos reservados individualmente u otro cálculo permitido por la ley aplicable. El importe o una fórmula clara, los motivos y el período de aplicación se comunican y se aceptan antes del pago del pedido correspondiente.
9.2. La mera indicación en la cuenta de la condición de organización o de empresario no establece una tarifa adicional. A falta de un acuerdo debido, se aplican las reglas de la presente Política y la liquidación basada en la ejecución efectiva. Las condiciones que incrementen la deducción no se aplican con carácter retroactivo. Una tarifa por desistimiento no motivado no se aplica a un desistimiento causado por un incumplimiento del Contratista, cuando dicho cargo fuera contrario a la ley aplicable.
9.3. El coste de los servicios prestados, los gastos, los daños y perjuicios y una tarifa pactada se diferencian en el cálculo. Un mismo importe no se indemniza dos veces. Las condiciones del contrato y la cuantía de las reclamaciones están sujetas a revisión conforme a la buena fe, la proporcionalidad y la prohibición del abuso de derecho.
10.1. Se aplica la versión de la presente Política incorporada al contrato correspondiente, sin perjuicio de las modificaciones lícitamente acordadas. Una nueva publicación no modifica por sí sola las obligaciones ya nacidas. Prevalecen las normas imperativas de la ley aplicable; cuando las reglas contractuales sobre la cancelación, los reembolsos y las consecuencias dinerarias de la terminación entren en conflicto con la presente Política, se aplica esta Política, salvo que un acuerdo individual disponga lícitamente otra cosa.